El derecho de los pueblos y las personas a utilizar su idioma es un derecho humano. El derecho de uso pleno es garantía de democracia, libertad y progreso social.
La diversidad lingüística, su reconocimiento y su ejercicio no son un capricho. Son una necesidad para vivir con dignidad colectiva en una sociedad plural, democrática y justa, que no admita el odio ni la discriminación. Contra nadie. Tampoco por motivos de lengua.
En el Estado español, el 45% de sus ciudadanos viven en territorios con una lengua propia distinta del castellano. Somos millones que queremos hacerlo con toda normalidad, con toda libertad, en igualdad de condiciones, en las mismas que cualquier ciudadano lo puede hacer en castellano, cosa que actualmente no es posible.
El Estado español debe cumplir los acuerdos y tratados internacionales que ha ratificado, como la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, así como documentos consensuados por la sociedad civil, entidades de reconocimiento internacional y expertos tales como la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos o el Protocolo para la Garantía de los Derechos Lingüísticos.
También se debe garantizar la igualdad, la libertad y la justicia para toda la ciudadanía en un estado democrático basado en los valores de los derechos humanos, la diversidad y el pluralismo. Un estado debe ser excluyente con todas las discriminaciones, sea cual sea su razón, también la lingüística. Además, este estado, que parte de una tradición monolingüe en la administración central, debe ser consciente de la situación de discriminación a la que han sido sometidos los hablantes de estas lenguas y generar políticas activas de recuperación de su dignidad y autoestima que permitan el ejercicio efectivo de sus derechos lingüísticos.
Por todo ello, emplazamos a todos los partidos políticos a asumir los siguientes principios de igualdad lingüística, para garantizar una sociedad justa, realmente plural y democrática, con derechos y deberes efectivamente iguales para todos y no solo para aquellos que utilizan el castellano:
- 1. Las lenguas propias distintas del castellano deben gozar de los mismos derechos y deberes que se reconocen al castellano.
- 2. Entre estos derechos, se encuentra en primer lugar el deber de conocimiento, sin el cual existe una desigualdad manifiesta, como lenguas oficiales, respecto al castellano, que sí goza de este deber. Para este reconocimiento de igualdad de derechos y deberes son necesarias medidas adecuadas para extender el conocimiento generalizado de las lenguas en sus respectivos territorios.
- 3. El Estado debe asumir de hecho y de derecho –y no solo retóricamente, como ahora– su condición de plurilingüe en su legislación y sus administraciones, em-pezando por su Constitución, y seguir el ejemplo de las sociedades plurilingües más avanzadas, como son las de Bélgica, Suiza, Finlandia o el Canadá. La admi-nistración del estado que rige a la ciudadanía de los territorios con lengua propia distinta del castellano debe permitir esa realidad plurilingüe y poder funcionar en las diferentes lenguas, independientemente de su ubicación física. Es el caso de las Cortes generales, los tribunales Constitucional, Supremo y la Audiencia Nacional o organismos como la Agencia tributaria o la Seguridad social
- 4. Es necesario impulsar y apoyar reformas estatutarias para la oficialidad de las lenguas propias que aún no son oficiales en una parte o la totalidad del territorio donde se hablan.
- 5. Para garantizar la igualdad lingüística, el Estado debe extender deberes y derechos de los que hasta ahora solo se ha beneficiado el castellano, como son la capacitación en lenguas propias del personal de todas las administraciones públicas, incluida la de Justicia, su uso generalizado en las páginas oficiales y su reconocimiento a nivel internacional en paridad con el castellano. Asimismo, debe poner fin a la imposición legal exclusiva del castellano en la normativa estatal, que afecta de manera frontal al ámbito económico y singularmente al etiquetado, y debe emprender una política decidida para acabar con las discriminaciones lingüísticas y para difundir el conocimiento y el respeto por todas nuestras lenguas.
- 6. Los poderes del Estado no deben ser nunca arietes contra la promoción de las lenguas del estado ni las divisiones administrativas, dentro o fuera de su territorio, excusas para limitar los derechos lingüísticos. Debe permitirse el uso administrativo de las distintas lenguas entre territorios del mismo espacio lingüístico sin barreras y firmando acuerdos para la recepción recíproca de medios de comunicación dentro de esos espacios lingüísticos.
Reclamamos un respeto real, basado en derechos y deberes y en la actuación comprometida de todos los poderes del Estado. Con ello ganará la convivencia, ganará nuestra sociedad, ganará la democracia y ganará la igualdad.